Otro capítulo en la historia del aeródromo. El gobierno vende a 30 dólares el metro cuadrado, cuando en los alrededores cuesta diez veces más, nos dice el diario La Primera (14 de mayo de 2010).A LA FUERZA
Apenas ProInversión comunicó la cuestionada adjudicación del proyecto habitacional Collique al consorcio DH Mont-Graña y Montero, trabajadores de esta empresa y de la Superintendencia de Bienes Nacionales ingresaron de manera violenta a las instalaciones del aeródromo de Collique, provocando un enfrentamiento con los vecinos de Comas, que se oponen a este proyecto, informó a este diario Percy Aquino Rodríguez, vicepresidente del Frente de Defensa del Aeródromo de Collique y de la Reserva Aérea Nacional. Aquino informó que se gesta una protesta de los vecinos de Comas para defender el aeródromo de Collique.
No sólo se burlaron de la voluntad de los donantes originales que definieron que los terrenos de Collique debían ser destinados a la construcción de un aeródromo a perpetuidad, de la aviación civil peruana que recibió una nueva puñalada para que no pueda volver a levantarse, de la población de Comas que denunció el daño ambiental al afectar el área para un proyecto masivo de viviendas; sino que maniobraron de diversas formas para entregar los terrenos al más bajo precio para favorecer a las empresas constructoras amigas del gobierno.
En una jugada llena de recovecos, el gobierno pasó de agosto de 2008, cuando se realizó el concurso público, en medio de protestas en el Congreso y la sociedad civil, y se asignó la obra al consorcio Graña y Montero de Perú y Besco de Chile, valorizando los terrenos a 30 dólares por metro cuadrado (57 millones de soles en total); a mayo de 2010, cuando un nuevo consorcio, formado sobre la marcha por D.H. Mont y Graña y Montero, ha desembolsado el cheque por la misma cantidad, un monto que contrasta claramente con la cotización que están alcanzando los terrenos en las zonas aledañas.
Entre uno y otro momento hubo dos anulaciones, sin que el Estado ganara nada con ellas, pero sí aumentara la sensación de manipulación para favorecer intereses particulares a costa del patrimonio público. Después que se declararon los ganadores del primer concurso y se hizo el abono del pago por los terrenos, en julio de 2009 el Tribunal Constitucional emitió una resolución declarando la nulidad de lo actuado, acogiendo la reclamación de la empresa DH. Mont, autora de la iniciativa original para la utilización de los terrenos del aeródromo, y que se consideraba vulnerada en su derecho por el resultado del concurso. El TC establecía así que el Estado quedaba impedido de disponer de otra manera el terreno y quedaba amarrado a DH Mont por haber éste presentado la iniciativa de inversión.
Anulado el concurso, el Consejo Directivo de ProInversión quedó obligado a canalizar la iniciativa de DH Mont que, según el propio Tribunal, era de exclusividad de esa empresa. Sin embargo, por intervención presidencial directa, dizque para evitar nuevos enfrentamientos, se armó un consorcio sustituto entre DH Mont y Graña, dividiéndose el proyecto. Esto significaba que la iniciativa tal como fue elaborada podía eventualmente ser modificada.
Sin embargo, a pesar de que la Asesoría Jurídica y los departamentos técnicos de ProInversión argumentaron irrebatiblemente que el precio fijado para los terrenos estaba subvaluado, y en los conos (extensiones en los extremos) del aeródromo ya se había pagado a 80 y 100 dólares por metro cuadrado, y a comienzos de 2010 ya se estaba ofreciendo 300 dólares por el lote del cono norte, la empresa DH Mont, apoyada en la resolución del TC, se empeñó en mantener la cotización mínima (15 dólares), argumentando que así se elaboró la iniciativa. En febrero de 2010, el Consejo Directivo de ProInversión anuló la iniciativa, dando por cumplida la resolución del TC, pero era imposible de ejecutar el compromiso con DH Mont, por inflexibilidad.
La segunda nulidad de lo actuado, dio como resultado un terremoto en ProInversión y en las relaciones con el gobierno. De ahí que haya sido necesario sacar al gerente de asesoría jurídica y a diversos cuadros técnicos, para proceder a una revisión del acuerdo ya tomado y convalidar la entrega al consorcio apadrinado por Alan García. Con todo desparpajo se ha dispuesto así de 64 hectáreas de terreno, previamente urbanizado, con todos los servicios, a un precio rrito. La tercera parte de lo que se pagó en el cono sur y la décima de lo que otras empresas podrían estar pagando por el cono norte.
Con esto se está repitiendo el escándalo de tráfico de terrenos, pero al estilo presidencial, con grandes empresarios de por medio y subterfugios legales y constitucionales para forcear las decisiones institucionales y estafar al país.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
La Primera
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